La prescripción extintiva de las obligaciones y de las deudas. Capítulo 9 de 10

Pere Brachfield

El pago de una deuda prescrita

La doctrina y la jurisprudencia han establecido que si el deudor paga al acreedor una deuda que estaba prescrita, no puede reclamarle la devolución del importe abonado; en realidad el motivo no es porque exista una obligación moral de pagar las deudas, sino en la propia naturaleza y modo de funcionar de la prescripción extintiva. La prescripción no se produce de forma automática si no que se constituye como una excepción que debe hacer valer el deudor demandado y que se considere favorecido por la prescripción extintiva de su débito. Ahora bien si el deudor no se opone a la reclamación del acreedor, manifestando que la deuda está prescrita, el derecho de crédito del acreedor sigue legalmente vigente, por lo que lo pagado por el moroso es perfectamente lícito en cuanto el deudor ha cumplido con lo que realmente debía.

 

Ahora bien el cobro de deudas prescritas puede tener consecuencias para el acreedor; como botón de muestra, una sentencia de la Audiencia Provincial de León, de 7 de abril de 2009, señaló que el pago de recibos del agua prescritos para evitar el corte del suministro era un enriquecimiento injusto para la compañía.

La caducidad de las reclamaciones judiciales de deuda

La caducidad de derechos surge cuando la ley o la voluntad de las partes señalan un término fijo para la duración de un derecho, de tal modo que transcurrido ese plazo dicho derecho ya no puede ser ejercitado. La diferencia con la prescripción es que la caducidad del derecho está sometido a un plazo fijo de duración, que no puede ser interrumpido por la actuación del acreedor. Otra diferencia es que la caducidad en algunos casos puede ser convencional (acuerdo entre las partes). Asimismo la caducidad opera de forma automática extinguiendo el derecho de cobro y es declarada de oficio por el juez en cuanto éste se percate sin que sea necesario que el beneficiario la haya alegado.

Las  causas de caducidad vienen reguladas por el art. 236 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC y en particular en el artículo:

Artículo 237. Caducidad de la instancia

Se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, cuando el pleito se hallare en primera instancia; y de uno, si estuviere en segunda instancia o pendiente de recurso extraordinario por infracción procesal o de recurso de casación.

Estos plazos se contarán desde la última notificación a las partes.

El art. 518 LEC señala que la ejecución de sentencias prescribe a los 5 años desde la firmeza de la misma.

Artículo 518. Caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial o resolución arbitral. La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso o en resolución arbitral caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.

Asimismo el Código Civil establece con carácter general plazos de caducidad en materia de Derecho de obligaciones, que es de cuatro años para el ejercicio de las acciones de anulabilidad y rescisión de los contratos (arts. 1301 y 1299).

La prescripción de las deudas fiscales

Las deudas tributarias también pueden prescribir. Los artículos 66 y 189 de la Ley General Tributaria (LGT) dictan que la prescripción de las deudas relacionadas con impuestos se produce con carácter general a los cuatro años. En particular el artículo 66 b) de la LGT señala que el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas prescribe a los cuatro años. Asimismo el artículo 67 de la LGT establece que dicho plazo de cuatro años comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario.

Además la Administración puede interrumpir el plazo de prescripción aplicando lo recogido en el artículo 68 de la LGT y que viene a decir que se interrumpe el plazo por cualquier acción de la Administración Tributaria realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda fiscal. Igualmente se interrumpe el plazo por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. La interrupción de la prescripción también surge por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

Cuando se produce la interrupción del plazo de prescripción por cualquier de las causas expuestas, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción.

No obstante, una vez que venza el periodo de amnistía fiscal el 30 de noviembre de 2012, las deudas fiscales por tener cuentas o valores en el extranjero sin declarar no prescribirán y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito. Esta fue una de las novedades que incluyó el plan contra el fraude aprobado en abril de 2012 por el Consejo de Ministros.

La prescripción de las deudas con la Seguridad Social

El artículo 21 de la Ley General de la Seguridad Social establece que prescriben a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar las deudas cuyo objeto esté constituido por cuotas, mediante las oportunas liquidaciones, la acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social, así como la acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad Social. Respecto de las obligaciones con la Seguridad Social cuyo objeto sean recursos de la misma distintos a cuotas, el plazo de prescripción será el establecido en las normas que sean aplicables en razón de la naturaleza jurídica de aquellas. Hay que tener en cuenta que la prescripción queda interrumpida por las causas ordinarias y en todo caso por cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del responsable del pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y en especial por su reclamación administrativa mediante requerimiento de deuda o acta de liquidación.

Plazo máximo de seis años para que un registro de morosidad pueda mantener fichado a un deudor

El Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos promulgado en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dicta la responsabilidad en el tratamiento de datos de morosos.  El acreedor, o el responsable del tratamiento de la información, deberá asegurarse de que cualquier registro de un deudor fichado desparezca completamente de la base de datos una vez que hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico. Una vez eliminado el dato no puede quedar ningún rastro del afectado en el fichero de morosos. Ahora bien, la desaparición de los datos del moroso del registro de solvencia no implica que la deuda haya prescrito.

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